Jornada de Reflexión: “Reforma Constitucional en Materia de Pueblos Indígenas y Afromexicano como sujetos de derecho”
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 19 de octubre de 2024 -En el espacio de formación y capacitación “Këy”, de Servicios del Pueblo Mixe A. C., se llevó a cabo la jornada de reflexión “Reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derechos”. La actividad reunió a dos destacados ponentes, el Magistrado Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) y al Mtro. Hugo Aguilar Ortíz, coordinador General de Derechos Indígenas del INPI, ambos coinciden en la necesidad de discutir los alcances y retos de estas reformas.
El magistrado Cordero destacó que la reforma representa un avance significativo en el reconocimiento jurídico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Históricamente, estas comunidades han sido consideradas como “entes de interés público”, lo que limitaba su autonomía y capacidad de autogobierno. Sin embargo, la reciente modificación establece que los pueblos indígenas son ahora “sujetos de derecho público”, que incluye a las comunidades indígenas como un nivel de gobierno adicional. Este cambio no solo tiene implicaciones legales, sino que también busca transformar la relación entre el Estado y las Comunidades indígenas y afromexicanas.
Justicia indígena y Autogobierno
En el marco de esta reforma, se enfatizó el papel crucial de la justicia indígena. El magistrado Cordero explicó que la jurisdicción indígena, reconocida desde 1998, no solo debe existir como un concepto, sino que debe ser aplicada y respetada por el Estado. Este sistema normativo ha surgido como respuesta a las barreras que enfrentan las comunidades indígenas, como la falta de acceso a la justicia estatal y las dificultades lingüísticas y culturales que limitan su capacidad de defensa.
El maestro Hugo Aguilar complementó este enfoque, señalando que los problemas que enfrentan los pueblos no se limitan a cuestiones legales, sino que están intrínsecamente ligados a la tierra, el agua y los recursos naturales. Para lograr una verdadera justicia, se debe ir más allá de la mera aplicación de la ley, buscando un modelo que se acerque a las realidad y necesidades de las comunidades.
Retos y Oportunidades
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La criminalización de las decisiones de las comunidades y la falta de recursos para implementar sus sistemas de justicia, son obstáculos que requieren atención urgente. La necesidad de un marco legal que regule y respete estas jurisdicciones es evidente, y se espera que en los próximos meses se materialice una ley general que contemple estas necesidades, promoviendo la coadministración de recursos como el agua.
Asimismo, se planteó la importancia de superar las barreras lingüísticas y culturales que dificultan el acceso a la justicia. Las comunidades enfrentan desafíos significativos debido a la falta de traducciones de documentos legales y el uso de un lenguaje técnico que muchas veces les resulta ajeno.
La reforma no solo busca mejorar la situación jurídica de estos pueblos, sino también promover un diálogo más equitativo entre el Estado y las comunidades. Con el avance de su implementación, será crucial evaluar los resultados y ajustar las políticas para garantizar que el reconocimiento de derechos se traduzca en mejoras concretas en la vida cotidiana de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La jornada concluyó con un llamado a la creación de programas de capacitación y traducción que faciliten el entendimiento y la aplicación de esta nueva ley. También advierten que el verdadero éxito de esta reforma dependerá de la voluntad política para asegurar su efectiva implementación, así como de la capacidad de las comunidades para adaptarse a los nuevos marcos legales.